El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido este miércoles junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.
La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que ambos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, las investigaciones relacionan a los detenidos con una estructura delictiva que presuntamente estaría vinculada con extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.
Harfuch también señaló que las indagatorias contemplan la existencia de posibles esquemas de protección que habrían facilitado las actividades de grupos delictivos en la región. Estas acusaciones forman parte de la investigación y deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.
UIF bloquea cuentas relacionadas con la investigación
Como parte de las acciones financieras derivadas del caso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con la investigación, según informó el secretario de Seguridad.
En el operativo participaron instituciones federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de Oaxaca.
La detención ocurre en un contexto de operativos de seguridad desplegados en Juchitán. En junio, el Gobierno de Oaxaca informó que el denominado Plan Juchitán para la Paz, Justicia y Bienestar había derivado en 179 detenciones y diversos aseguramientos durante las acciones coordinadas realizadas en la región.
Hasta el momento, la información difundida corresponde a las investigaciones y señalamientos de las autoridades. La responsabilidad penal de los detenidos deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.
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